Actualmente, la DGT tiene en su poder 39 drones de vigilancia en su flota. Aproximadamente 20 de ellos pertenecen a la moderna serie Thyra V109. Son los más avanzados, pequeños y sofisticados y son prácticamente indetectables a simple vista en el horizonte. De hecho, a menudo se les confunde con aves.
El Thyra V109 pesa 6,2 kg, tiene un tiempo operativo de 40 minutos y puede ser pilotado en un radio máximo de 10 km. Puede alcanzar una velocidad de 80 km/h y ascender a una altitud de 120 m. Los demás tienen un rendimiento de 20 minutos y un alcance de 3-7 km.
En este caso, también cuenta con un zoom óptico de 40x, un zoom digital de 6x y un sistema de seguimiento automático de vehículos seleccionados. El radio de acción es de hasta 500 m en todas las direcciones, lo que significa que puede detectar y multar a un vehículo a medio kilómetro.
Estas máquinas cuentan con la tecnología más puntera para conseguir detectar al mayor número de infractores en miles de carreteras españolas. Todos ellos fueron fabricados en España y puestos oficialmente en servicio en mayo de 2019.
Para su manejo, la DGT formó a 35 pilotos, sin olvidar que debían estar cualificados para conducirlo, y a su vez, 60 operarios fueron cualificados para manejar las cámaras.
La DGT está certificada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Este tipo de sistema debe ser manejado por dos operadores, uno encargado de controlar el dron y otro de los sistemas de visión. Estos recursos y personal forman parte de la Unidad de Medios Aéreos de la Guardia Civil.
Aunque están calibrados por el Centro Español de Metrología, en principio no se utilizan para medir la velocidad, aunque podrían hacerlo. En cambio, se centran en controlar y detectar conductas temerarias e infracciones varias. Básicamente, todo aquello que repercuta en la seguridad.
De las más de 220 denuncias emitidas en 2020, las infracciones más comunes durante las 430 horas de vuelo fueron:
Controlarlo no es tan fácil como parece. Se despliega desde una furgoneta que tiene un gran espacio en la parte trasera para despegar y aterrizar.
En el aire, una persona se encarga de mover el aparato, mientras que la otra es el operador de la cámara. El dron también puede fijarse en un vehículo objetivo, al que sigue automáticamente.
Cuando se detecta y graba una infracción, se puede contactar con la patrulla de tráfico de la zona y multar al conductor, sirviendo siempre la grabación como prueba.
Si no se detiene al conductor, se emite automáticamente un informe, igual que si el radar de velocidad hubiera detectado la infracción.
Las 39 unidades están repartidas por toda España, con dos en cada Comunidad Autónoma, excepto en la Comunidad de Madrid, donde hay 15, y el País Vasco y Cataluña, donde no hay ninguna debido a la descentralización. Madrid también se encarga de controlar Castilla-La Mancha y de apoyar a las provincias vecinas.
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